LA LABOR EN LOS TIEMPOS DEL CORONAVIRUS COVID – 19

¿QUÉ DEBEMOS TENER EN CUENTA PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS LIMITACIONES AL TRÁNSITO PERSONAL Y AL AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO?

¿QUÉ DEBEMOS TENER EN CUENTA SI NOS TOCA TRABAJAR?

¿CÓMO SE DESARROLLARAN LOS NEGOCIOS Y PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Y JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS?


Cerrado el segundo día de un inédito aislamiento social obligatorio a nivel nacional en el marco de un estado de emergencia dispuesto por el supremo gobierno en el marco de sus atribuciones constitucionales ante una emergencia sanitaria no están aún del todo claro el alcance y modo de cumplimiento de sus disposiciones. El aislamiento social obligatorio decretado implica la obligación para toda la población de guardar aislamiento en sus propios domicilios por 15 días calendario, lo que implica la suspensión durante ese periodo de toda actividad pública y privada de todo tipo –salvo muy limitadas excepciones-, con una seria afectación (justificada) de toda actividad productiva, laboral, legal, administrativa, académica, deportiva, social.

En el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM que declara la emergencia y el aislamiento ha primado el criterio de generalidad y urgencia y emergencia, por lo que diversos aspectos y criterios para el correcto cumplimiento del aislamiento se están desarrollando al tiempo de su ejecución.

Sobre la base del criterio general que inspira la declaración de emergencia (proteger eficientemente la vida y la salud de la población, reduciendo la posibilidad del incremento dl número de afectados por el COVID-19, sin afectarse la prestación de servicios básicos, así como la salud y alimentación de la población) proponemos un breve repaso de aquellos aspectos necesarios de tener en cuenta para el cumplimiento de las disposiciones dictadas y puedan no haber sido señaladas con totalclaridad al momento de dictarse las normas que implementaron la declaratoria de emergencia y el aislamiento social voluntario.

ASPECTOS PERSONALES O DE LIBERTAD INDIVIDUAL

El estado de emergencia implica una limitación o suspensión de algunas de las garantías constitucionales. Los derechos constitucionales suspendidos en este caso son los derechos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y tránsito en el territorio nacional.

La prohibición del tránsito en el territorio nacional es la caracterización del denominado asilamiento social obligatorio o cuarentena. La implicancia es que toda la población está obligada a permanecer en su domicilio durante todo el tiempo de la cuarentena. La única excepción admitida es el transito mínimo necesario para asegurar:
     La adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye su almacenamiento y distribución para la venta al público.
     Adquisición, producción y abastecimiento de productos farmacéuticos y de primera necesidad.
     Asistencia a centros, servicios y establecimientos de salud, así como centros de diagnóstico, en casos de emergencias y urgencias.
     Trabajadores de los sectores identificados como necesarios para asegurar el abastecimiento de alimentos y la prestación de servicios indispensables. (ver sección aspectos laborales)
     Asistencia y cuidado a personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, dependientes, personas con discapacidad o personas en situación de vulnerabilidad.
     Entidades financieras, seguros y pensiones, así como los servicios complementarios y conexos que garanticen su adecuado funcionamiento.
     Producción, almacenamiento, transporte, distribución y venta de combustible.
     Hoteles y centros de alojamiento, solo con la finalidad de cumplir con la cuarentena dispuesta.
     Medios de comunicación y centrales de atención telefónica (call center) entendida esta como la necesaria para asegurar la operatividad de los servicios públicos indispensables, (no incluye call center de ventas, cobranza, o de tercerización de servicios).
     Trabajadores/as del sector público que excepcionalmente presten servicios necesarios para la atención de acciones relacionadas con la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, quienes podrán desplazarse a sus centros de trabajo en forma restringida.
     En todos los casos anteriores, el retorno al domicilio habitual.
Si bien este listado incluye a una declaración genérica de “otras análogas” esta debe ser entendida de modo restrictivo. El objetivo final de la cuarentena es reducir al máximo la posibilidad de propagación.

La calificación que una actividad laboral es indispensable para el abastecimiento de alimentos, o la provisión de servicios declarados esenciales (comunicaciones, combustibles, salud, bancos y seguros, funerarios etc.) le corresponde a los empleadores y deben hacerlo bajo el criterio de limitar la concentración de personas y proveyendo los elementos y programas necesarios para prevenir contagio entre los trabajadores obligados a mantenerse en labores.

Las personas que transiten por las calles y no estén comprendidas en alguna de las situaciones anteriores podrán ser intervenidas por los fiscalizadores de la Autoridad de Trasporte, la policía o las fuerzas armadas y podrán ser detenidas. Si un detenido fuera portador del virus podría ser susceptible de incurrir en responsabilidad penal por delito contra la salud pública. Las empresas de los sectores esenciales acreditarán a sus trabajadores indispensables para que puedan transitar sin ser detenidos. En la fecha se han puesto a disposición de las personas exceptuadas del aislamiento aplicativos informáticos para empadronarse www.gob.pe/pasedetransito

Esta suspendido el acceso al público a los locales y establecimientos en general, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y de productos ortopédicos, productos higiénicos, grifos y establecimientos de venta de combustible.

La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida debe ser la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad, quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos en los propios establecimientos.

Está suspendido también el acceso al público a los museos, archivos, bibliotecas, monumentos, así como a los locales y establecimientos enlos que se desarrollen espectáculos públicos, actividades culturales, deportivas y de ocio. Está suspendida también la actividad en restaurantes y otros centros de consumo de alimentos.

Del mismo modo han quedad suspendidos los desfiles, fiestas patronales, actividades civiles y religiosas, así como cualquier otro tipo de reunión que ponga en riesgo la salud pública.

TRANSPORTE Y CIERRE DE FRONTERAS

El servicio de trasporte urbano se limita a por lo menos un 50% de su capacidad y podría ir reduciéndose aún más en el desarrollo de la cuarentena. La menor demande por el aislamiento y la necesidad de reducir la concentración de persona en un espacio cerrado (la unidad de transporte) o incluso abierto (estaciones y paraderos) así lo justifica pero no se elimina su funcionamiento pues se requieren para asegurar la movilización de las personas exceptuadas.

En el transporte interprovincial de pasajeros, durante el estado de emergencia, se dispone la suspensión del servicio, por medio terrestre, aéreo y fluvial. Esta medida entró en vigencia desde las 23.59 horas del día lunes 16 de marzo de 2020 (martes, en la práctica).

Se ha dispuesto que durante el estado de emergencia y Aislamiento Social Voluntario se proceda con el cierre total de las fronteras.

En la fecha se han anunciado, aunque sin precisarse, medidas de flexibilización para facilitar el retronó de peruanos de tránsito en el extranjero al adoptarse la medida de cierre de fronteras, así como para la salida de extranjeros de tránsito en el Perú que no pudieron abandonar el territorio en la moratoria concedida (el 15 de marzo).

El transporte de carga y mercancía no se encuentra comprendido dentro de este cierre temporal. Las autoridades competentes adoptan las medidas necesarias para garantizar el ingreso y salida de mercancías del país por puertos, aeropuertos y puntos de frontera habilitados

ASPECTOS LABORALES

Como consecuencia del aislamiento social obligatorio, los trabajadores de la actividad pública y privada se ven impedidas de asistir a sus respectivos centros de Trabajo durante el periodo de ésta (15 días calendario).

Están exceptuados de esta limitación, y por lo tanto deberán continuar con sus labores, los trabajadores identificados por sus empleadores para asegurar la continuidad de los sectores esenciales y que deben permanecer en actividades para garantizar el abastecimiento de alimentos, y la provisión de servicios públicos esenciales.

Deben mantenerse en operación centros de trabajo dedicados a la adquisición y abastecimiento de alimentos, lo que incluye su almacenamiento y distribución para la venta al público, adquisición, producción y abastecimiento de productos de farmacéuticos y de primera necesidad, asistencia y cuidado a personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, dependientes, personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad, entidades financieras, seguros y pensiones, así como los servicios complementarios y conexos que garanticen su adecuado funcionamiento (como vigilancia y sistemas), producción, almacenamiento, transporte, distribución y venta de combustible, hoteles y centros de alojamiento solo para cumplir el aislamiento, medios de comunicación, limpieza y recojo de residuos sólidos y servicios funerarios, y para ello deben contar con el personal que asegure sus actividades, lo que implica que los trabajadores indispensables para cumplir esta actividades están exceptuados del aislamiento.

Con independencia de si la labor del trabajador es indispensable para mantener un sector o servicio esencial (en nuestra opinión) los empleadores quedan facultados a modificar el lugar de la prestación de servicios e implementar modalidades de trabajo remoto (o tele trabajo) en el marco de las medidas de aislamiento y emergencia. Se entiende por trabajo remoto a la modalidad de prestación de servicios subordinados que se caracteriza por la prestación de servicios con la presencia física del trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores lo permita.

El trabajo remoto no resulta aplicable a los trabajadores con diagnóstico clínico positivo confirmados de COVID-19, ni a quienes se encuentran con descanso médico por cualquier causa iniciado antes de ladeclaración de emergencia y asilamiento. A estas personas se les considerará también una licencia con goce de haber susceptible de generar los subsidios de EsSalud según se cumplan las condiciones de este beneficio.

La norma que han regulado el trabajo remoto y las licencias con goce de haber (Decreto de Urgencia 026-2020) no se ha referido a la posibilidad de tratar como periodo vacacional a todo parte del periodo del aislamiento. Sobre el particular se está verificando un debate. La posición más conservadora es considerar que en ningún caso se puede imputar este periodo a vacaciones pues la suspensión de labores en este caso deriva de una situación de extraordinaria y por razón de salud pública y no implica en ningún caso un descanso para el trabajador. Una posición más extensiva propone que si es posible darle el tratamiento de periodo vacacional solo si a la fecha de inicio del aislamiento un determinado trabajador ya tuviera acumulado el periodo de trabajo que le dé derecho al goce vacacional por el periodo respectivo, es decir tenga ya un periodo vacacional devengado y no gozado. Esta posición se sustenta en el hecho que la oportunidad de las vacaciones (una vez devengadas) se determina por acuerdo entre el trabajador y el empleador y a falta de acuerdo las determina el empleador en ejercicio de su poder de dirección.

El Decreto de Urgencia 026-2020 ha querido ser específicos en destacar que durante el periodo de emergencia y aislamiento las obligaciones de los empleadores serán (además de las obligaciones del régimen general):
     No afectar la naturaleza del vínculo laboral, la remuneración, y demás condiciones económicas salvo aquellas que por su naturaleza se encuentren necesariamente vinculadas a la asistencia al centro de trabajo o cuando estas favorezcan al trabajador.
     Informar al trabajador sobre las medidas y condiciones de seguridad y salud en el trabajo que deben observarse durante el desarrollo del trabajo remoto.
     Comunicar al trabajador la decisión de cambiar el lugar de la prestación de servicios a fin de implementar el trabajo remoto, mediante cualquier soporte físico o digital que permita dejar constancia de ello.
Del mismo modo, los trabajadores que se mantengan en labores presencialmente o remotamente en el periodo de la emergencia y aislamiento, tienen las siguientes obligaciones además de las que le corresponden por el régimen general:
     Cumplir con la normativa vigente sobre seguridad de la información, protección y confidencialidad de los datos, así como guardar confidencialidad de la información proporcionada por el empleador para la prestación de servicios.
     Cumplir las medidas y condiciones de seguridad y salud en el trabajo informadas por el empleador.
     Estar disponible, durante la jornada de trabajo, para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMERCIALES, JUDICILES Y ADMINISTRATIVAS

Como consecuencia del asilamiento han quedado suspendidas las actividades productivas distintas a las identificas como esenciales, El criterio es disminuir la concentración de personas en espacios cerrados o abiertos acotados para evitar la propagación del virus. Asimos o la actividad de la administración pública queda igualmente limitada a garantizar la provisión de los servicios públicos esenciales y el control físico del aislamiento.

Las normas dictadas no han considerado disposiciones específicas en relación con la ejecución de contratos o en el vencimiento o prórroga de plazo contractuales. Sin embargo, dadas las características, alcances, propósito y fundamentalmente efectos de las normas dictadas pueden ser invocadas como supuesto de caso fortuito o fuerza mayor para limitar la responsabilidad por la imposibilidad de cumplimiento oportuno cuando se pueda probar que es resultado directo del acatamiento del aislamiento.

Del mismo modo con el cumplimiento de obligaciones administrativas, cumplimiento de plazos procesales judiciales, arbitrales o administrativos o la realización de actuaciones o diligencias programadas para ser realizadas en el periodo del aislamiento.

La administración tributara ha dispuesto la prórroga de los plazos de obligaciones tributarias correspondientes al mes de febrero de 2020 para micro empresas, pequeñas y medianas empresas y la prórroga de las obligaciones relativas a los libros y registros electrónicos y declaraciones informativas con vencimiento a marzo 2020.

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (Resolución Administrativa N° 115-2020-CE-PJ) ha dispuesto la suspensión de las labores del Poder Judicial a partir del 16 de marzo del 2020 y por el plazo de 15 díascalendario. En ese plazo, quedan suspendidos los plazos procesales y administrativos (del ámbito judicial). La resolución también establece reglas de organización de despacho de asuntos urgentes y que por su naturaleza no se pueden detener.

Esta suspensión no alcanza a procesos arbitrales naturalmente, cuyos procesos están bajo jurisdicción de sus respectivos tribunales arbitrales. Sin embargo, tratándose de procesos arbitrales administrados o regidos bajo reglas procesales de centros arbitrales, son estos centros quienes vienen comunicando la suspensión de los plazos y actuaciones programadas en el periodo de aislamiento. Es el caso delos centros de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, la Pontificia universidad Católica del Perú o el Colegio de Ingenieros del Perú. El OSCE a su turno ha comunicado lo propio en relación con los arbitrajes organizados bajo las disposiciones del Sistema Nacional de Arbitraje SNA-OSCE y de los arbitrajes ad hoc organizados por el OSCE. Ni las normas dictadas ni las declaraciones institucionales anteriores alcanzan a los arbitrajes ad hoc en los que se tendrá que estar a lo que dispongan los correspondientes tribunales arbitrales.

La actividad de las entidades de la administración pública, que no está relacionada con la provisión de servicios públicos esenciales o con el control de cumplimiento de las disposiciones de la emergencia y aislamiento está suspendida y no se dispensará atención presencial al público. Ello implica la suspensión de la atención de las unidades de trámite documentario y la suspensión de plazos, audiencias y diligencias programadas. Los plazos suspendidos se reanudarán al levantarse el estado de emergencia y las audiencias y diligencias suspendidas deberán ser reprogramadas de oficio.


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Martin Zecenarro
Legal Partner